Se ha promulgado la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores. En ella, se busca “promover, regular y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos específicos de las personas adultas mayores”. Para efectos de esta nueva Ley, se reconoce como adulto mayor a la persona que ha cumplido 65 años de edad.
La Ley impone obligaciones específicas al Estado, en especial la de brindar “acceso inmediato, permanente, y especializado a los servicios del Sistema Nacional de Salud” así como la de garantizar “la existencia de servicios especializados dirigidos a la población adulto mayor que brinden atención con calidad y calidez en todas las etapas del envejecimiento “. No obstante, a la sociedad en general también se le imponen obligaciones en relación las personas adultas mayores.
En efecto, se requiere a la sociedad el interponer “las acciones correspondientes, ante las autoridades competentes y actuar de manera inmediata frente a situaciones de vulnerabilidad que afecten a las personas adultas mayores”. Por ello, todas las personas se encuentran obligadas a vigilar que se cumplan con los derechos de estas personas, obligación que es individual y colectiva.
Así mismo se han establecido una serie de beneficios no tributarios a favor de las personas adultas mayores. Entre ellos se encuentran descuentos en servicios de transporte, luz eléctrica y telefonía fija. De igual manera, el acceso a museos, es gratuito para estas personas. Algunos de los beneficios se establecen a favor de instituciones que brindan atención a las personas adultas mayores. En lo tributario, se fijan exoneraciones bajo ciertos límites al pago de impuesto a la renta así como de impuestos municipales. Estos beneficios tributarios son de aplicación inmediata.
Resulta fundamental destacar que la Ley impone medidas de acción afirmativa para eliminar toda forma de discriminación en perjuicio de la personas adultas mayores. En consecuencia, estas medidas deberían aplicarse en relación con los derechos que son susceptibles de violación, tal como el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda.
La Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores constituye un importante avance para la protección de los derechos de estas personas.
